El Gobierno envió este lunes al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad y buscan que sea tratado esta semana en el recinto.
El texto propone que se reduzca de 16 a los 13 años la edad mínima para poder ser imputado penalmente para delitos graves tales como secuestros, abusos, homicidios o robos.
Al mismo tiempo, se establece la creación de un régimen penal juvenil distinto al de los mayores de edad, con penas específicas. Entre ellas, la versión original de la iniciativa hablan de condenas de al menos 20 años de cárcel.
En materia procesal penal, el juez podrá imponer medidas de privación de libertad en menor de hasta 15 años en causas graves. No obstante, las medidas a designar deberán enfocarse en la resocialización del victimario.
En el caso de delitos menores, se buscará promover sanciones como tareas comunitarias, formas de reparar el daño causado e imponer reglas de conducta al reo sin privarlo de su libertad.
Sin embargo, tanto la edad mínima de imputabilidad a los 13 años como las penas de 20 años para casos graves, son resistidas por los dialoguistas. Los espacios aliados al oficialismo, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), buscan que la edad sea a los 14, mientras que el tope de las penas más agravantes sean de sólo 15 años de prisión.
En tanto, el proyecto prevé la creación de institutos para alojar a los menores sentenciados, donde se les deberá garantizar el acceso a la educación, la atención médica y el tratamiento de las adicciones. Asimismo, el personal tiene que estar especializado en infancia y se debe prohibir el contacto entre los adolescentes y los detenidos adultos.
Por otro lado, los menores condenados tendrán derecho a ser representados judicialmente de forma gratuita, disponer de asistencia psicológica y participar del proceso judicial. Lo mismo se contempla para las víctimas, que tienen garantizada la asistencia legal, acompañamiento psicológico y deberán ser informadas de los avances de las causas que los involucra.
Otra novedad que incluyó Nación en el texto son las fuentes de financiamiento. En el artículo 51, se dispone la asignación de 23.739.155.303,08 de pesos para apoyar la aplicación del proyecto, cuyos fondos provienen del Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
Según lo consignado por Infobae, la administración libertaria busca que este miércoles el proyecto obtenga un dictamen positivo en las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, para así poder aprobarlo el jueves en Diputados.
