Autoridades provinciales anunciaron una serie de medidas para afrontar la saga de amenazas en escuelas de la provincia vinculadas a ataques armados, que se registraron en las últimas semanas. En ese sentido, remarcaron que los costos económicos de los operativos serán afrontados por los responsables.
Así se dio a conocer esta mañana en una conferencia de prensa realizada por la vocera Virginia Coudannes; los ministros de Educación y Justicia y Seguridad, José Goity y Pablo Cococcioni; y la subsecretaria de Salud Mental, Victoria Mancini.
En relación a la problemática, el ministro Cococcioni subrayó que, solamente este viernes 17 de abril, se registraron 65 casos en toda la provincia y puntualizó: “No necesariamente provienen de gente que va a llevarlas a la práctica, muchas son vividas como una broma”.
Con el propósito de concientizar a los estudiantes que se plantean llevar a cabo intimidaciones en sus establecimientos escolares, el titular de la cartera remarcó: “Una causa penal deja huellas que no siempre son agradables para la persona en la posteridad, muchas veces se lo plantea como un chiste y algunos años después va a impedir obtener un certificado de buena conducta, viajar al exterior y los padres van a tener que cumplir ciertas reglas”.
En este sentido, mencionó que cada intervención policial “cuesta recursos, económicos y en seguridad» y anunció que los autores de estas amenazas, sean punibles o no, deberán hacerse cargo del resarcimiento de los daños. «Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento. Un operativo básico de despliegue policial cuesta entre 5 y 6 millones de pesos”, sentenció.
Por su parte, el ministro Goity mencionó que se puso en marcha un nuevo programa de educación digital que aborda los peligros de las redes sociales, a partir de lo ocurrido en San Cristóbal, y se difundió una nueva circular en todas las instituciones santafesinas donde alertan sobre las pintadas con intimidaciones, mensajes en redes sociales o falsas alarmas.
Respecto a los últimos acontecimientos en escuelas, afirmó: “Venimos atravesando momentos difíciles, se sumaron en los últimos días situaciones de amenazas que tienen que ver con retos virales de TikTok. No son una broma, implican un delito que está tipificado en el Código Penal de la Nación y traen consecuencias para los estudiantes y la familia”.
El funcionario consideró que “no alcanza con decir que es un fenómeno global y nacional», ya que “es una responsabilidad social y colectiva”. Luego, agregó: «Necesitamos tener la respuesta de las familias. Estamos ante nuevos fenómenos que se están encadenando con fenómenos que ya conocíamos”.
