La provincia confirmó que hay más de 70 personas identificadas como los autores de al menos 58 falsas amenazas a escuelas, en el marco del programa que se impulsa para que los progenitores paguen los costos de los operativos.
En ese marco, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reconoció que por la cantidad de procedimientos que se realizaron a causa de las intimidaciones, la deuda que se reclama superaría los 250 millones de pesos.
“Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló.
Luego, aclaró que el monto que se le reclama a los padres de los responsables es una «indemnización civil por el resarcimiento del daño”, que está desvinculada de una sanción penal.
«No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, subrayó.
Para finalizar, precisó que el reclamo formulado por el gobierno provincial se calcula en base de los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, vehículos, personal empleado y las horas de servicios prestadas por los mismos.
«No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, cerró.
