La investigación por las presuntas maniobras ilegales con combustible dentro de la Unidad Regional II ingresó en una nueva etapa luego de que el fiscal José Luis Caterina presentara los pedidos de pena contra 19 efectivos y dos civiles.
Uno de los principales apuntados es el ex titular de la URII, Daniel Acosta, para quien la Fiscalía solicitó 12 años de prisión. En tanto, su ex secretario privado, Rodrigo Domínguez, enfrenta el pedido de condena más alto de la causa, con 14 años. También, quedó bajo acusación la empresaria Mónica Bianconi, dueña de una estación de servicio de zona sur señalada como el lugar donde se realizaban las operaciones investigadas.
De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, el mecanismo habría funcionado durante casi dos años mediante consumos adulterados, cargas inexistentes y movimientos irregulares con tarjetas utilizadas para abastecer patrulleros. El expediente sostiene que distintos sectores de la fuerza participaban de la operatoria, desde personal encargado de las cargas hasta jefes policiales que controlaban áreas internas.
La causa reúne una importante cantidad de pruebas, entre ellas seguimientos por GPS, documentación sobre consumos incompatibles con vehículos fuera de servicio y procedimientos en los que se secuestraron grandes sumas de dinero, neumáticos y cientos de tarjetas de combustible.
