El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, ordenó al gobierno nacional la «inmediata y urgente reparación integral» de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, al sur de Santa Fe, para garantizar su «transitabilidad plena» y la seguridad de los usuarios.
La decisión fue tomada al hacer lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad.
El caso más crítico descripto en el fallo es el de la ruta 33, donde el juez documentó la existencia de grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos que representan un riesgo para quienes circulan por ella.
El propio organismo nacional había reconocido el estado crítico de esa vía: autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad habían advertido que la ruta necesitaba intervención urgente, y aunque se adjudicó una licitación para reparaciones, las obras quedaron paralizadas por falta de autorización de partidas presupuestarias.
Respecto de la ruta 7, el magistrado consideró que las tareas de bacheo realizadas fueron insuficientes y que no se acreditó un mantenimiento sostenido en todo el tramo. En el caso de la ruta 8, señaló que la propia Dirección Nacional de Vialidad había labrado 55 actas por incumplimientos contractuales de la concesionaria Corredores Viales S.A., sin que las deficiencias fueran corregidas de manera integral. El juez rechazó además el argumento de la empresa de que sus obligaciones no incluían tareas de repavimentación.
Uno de los puntos centrales del fallo es que la responsabilidad recae sobre el Estado nacional con independencia de los cambios en el sistema de concesiones viales. El magistrado sostuvo que la distribución interna de competencias entre el Estado y las concesionarias no puede convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios. La orden judicial debe ser cumplida por la Dirección Nacional de Vialidad, por el organismo que eventualmente la reemplace o por las concesionarias correspondientes, pero la responsabilidad de garantizar su ejecución es del gobierno nacional.
En los fundamentos, Cuello Murúa consideró que el deterioro de las rutas afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, la seguridad vial y la libre circulación, y calificó el mal estado de las calzadas como un hecho «público y notorio» para quienes transitan habitualmente por esa región del sur santafesino.
