La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió en ley el proyecto que establece sanciones para los cuidacoches en la vía pública y rechazó las modificaciones introducidas por Diputados, por lo que quedó vigente la versión aprobada originalmente.
La iniciativa alcanza a quienes, sin autorización y cuando la actividad esté prohibida por la normativa local, ofrezcan lugares para estacionar a cambio de dinero u otro beneficio, o realicen tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos.
El proyecto fue impulsado por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, quien sostuvo que la iniciativa surgió de los reclamos recibidos durante los últimos años. “Esto no nació en un escritorio ni de una alucinación de IA. Nació en los mensajes, comentarios, reclamos que nos mandaron cientos de vecinos y vecinas. De todos los nos dijeron ‘hagan algo con esto’”, afirmó. “No es una ley que nos hace felices, pero sí es dejar de ignorar el pedido de los santafesinos. Por eso esta ley la construimos, sobre todo escuchando”, agregó.
Seisas explicó que la norma no establece una prohibición automática para toda la provincia, sino que les da herramientas a los municipios que decidan avanzar en ese sentido. “La ley le dice a cada municipio: la provincia los acompaña. Ordenen su espacio y establezcan reglas, en respeto a sus autonomías. Cada ciudad va a poder diseñar su propia ordenanza según su realidad. Rosario no es Reconquista. Santa Fe no es Rafaela”, señaló. Y remarcó: “Con esta ley no se termina nada, lo dijimos desde un principio, ahora empieza un proceso que va a llevar su tiempo hasta regularizar la situación”.
Las sanciones previstas incluyen entre dos y diez días de trabajo comunitario y la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la contravención. En caso de reincidencia, habrá arrestos de diez a veinte días, mientras que las penas se duplicarán cuando existan violencia o amenazas, cuando la actividad se desarrolle en zonas de estacionamiento tarifado, inmediaciones de eventos masivos o determinados sectores públicos y comerciales. Además, cuando exista organización o acuerdo previo entre dos o más personas habrá arresto, con un agravamiento para quienes sean identificados como organizadores o coordinadores.
El senador también destacó que la ley contempla medidas para quienes llegaron a la actividad por una situación de necesidad. “La ley no le da la espalda a nadie que entró a este circuito por necesidad. Al contrario. Incluye una obligación al Poder Ejecutivo de implementar un abordaje integral de prevención, inclusión real y abordaje de consumos problemáticos”, sostuvo. Sobre el cambio que, según su punto de vista, tuvo la actividad en los últimos años, afirmó: “Lo que empezó como una changa de gente mayor buscando un rebusque sin molestar a nadie, hoy mutó a bandas organizadas que extorsionan e intimidan a vecinos profesionalizando el delito”.
