La discusión sobre el futuro de las aplicaciones de transporte en Rosario tuvo este jueves un nuevo foco de conflicto. Mientras el Concejo Municipal comenzó a analizar la iniciativa que busca establecer reglas para servicios como Uber y DiDi, trabajadores de distintas actividades se concentraron frente al edificio para exigir cambios y advertir sobre las consecuencias que podría tener la normativa en sus ingresos.
El punto de mayor preocupación para los cadetes es que el proyecto contempla que taxis y remises puedan realizar tareas de reparto. Brenda Marinucci, representante del sindicato del sector, sostuvo que esa posibilidad sumaría competidores en un contexto de menor consumo y menos pedidos. Por eso, reclamó que se eliminen esos artículos y pidió que la regulación no avance sin considerar la situación de quienes ya trabajan en esa actividad.
Los taxistas, por su parte, pusieron el acento en la necesidad de establecer controles y condiciones de competencia que consideren equitativas. Durante la movilización, una representante del sector cuestionó que la iniciativa pueda terminar debilitando la actividad tradicional y pidió medidas para proteger el trabajo en las paradas, el centro y las zonas nocturnas. También aclaró que el reclamo no busca perjudicar a quienes manejan para las plataformas, sino discutir las reglas bajo las que prestan el servicio.
En el debate legislativo, las diferencias giraron en torno a varios puntos del texto. La propuesta prevé un registro municipal para las empresas, permisos por cinco años y requisitos para conductores y vehículos. También fija un piso tarifario equivalente al boleto de colectivo y permite que taxis y remises se incorporen a las aplicaciones conservando sus licencias. Desde La Libertad Avanza objetaron la tarifa mínima y la exclusión de motos, mientras que otros concejales cuestionaron la falta de límites de antigüedad para los autos y alertaron sobre las condiciones laborales y los seguros.
El oficialismo defendió la necesidad de actualizar las reglas ante la expansión de las plataformas y la cantidad de personas que ya trabajan con ellas. Sin embargo, el proyecto deberá atravesar nuevas instancias de discusión en las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno, en medio de los reclamos de los sectores involucrados y las objeciones planteadas por distintos bloques. Por el momento, no hay una fecha definida para su votación.
