Los dueños de Rosario Motorsport quedaron en prisión preventiva por 60 días tras una audiencia imputativa realizada este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El fiscal Iván Enríquez les atribuyó, junto a otra mujer, 67 hechos de presuntas estafas vinculadas con operaciones de compra, venta y permuta de vehículos. La jueza María de los Ángeles Granato hizo lugar al pedido de detención para los dos hombres, mientras que la tercera imputada continuará el proceso en libertad bajo restricciones.
Los acusados fueron identificados como Juan Gabriel A., Eduardo E. y Noelia E., hermana de este último. Según la investigación, habrían utilizado la firma Rosario Motorsport SAS para recibir autos usados o dinero en pesos y dólares a cambio de otros vehículos, incluidos modelos cero kilómetro, sin cumplir luego con las entregas ni devolver el dinero correspondiente.
La Fiscalía sostuvo que las operaciones se concretaban mediante ofertas de precios y facilidades de pago que generaban confianza en los clientes. De acuerdo con la acusación, los imputados habrían recibido vehículos en consignación o como parte de pago, con conocimiento de que el dinero obtenido por su venta no sería entregado a los propietarios.
La causa tomó estado público a fines de agosto, cuando comenzaron a trascender denuncias contra la agencia, ubicada en avenida San Martín al 2600, en la zona sur de Rosario. El abogado Santiago Barbarach, representante de un grupo de damnificados, señaló que más de cien personas podrían haber quedado afectadas por operaciones incumplidas. Entre los casos denunciados, varios clientes entregaron sus autos usados y dinero con la promesa de recibir una unidad nueva.
Según el letrado, el mecanismo incluía plazos aproximados de 40 días para entregar los vehículos, pero las demoras se acumularon y los compradores no recibieron las unidades acordadas. La empresa solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores, aunque, según explicó el abogado, el trámite todavía no se había abierto. La investigación penal continúa para determinar las responsabilidades en las operaciones denunciadas.
