El presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, medida que ya había presentado el imputado el 10 de junio, cuando ya había sido acusado en tres causas distintas por corrupción, por haber incumplido sus deberes como funcionario público y prevaricato.
La renuncia al cargo en el Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario entraría en vigencia desde el primero de julio mediante un decreto firmado por Milei y el minsitro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona que se emitirá en el Boletín Oficial.
Previo a la presentación de su renuncia, Bailaque había sido acusado por los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra el 30 de abril pasado por haber estado involucrado en tres causas distintas por maniobras de corrupción.
Puntualmente, lo acusaron de haberse negado a intervenir los teléfonos de sujetos cercanos al narco Estaban Lindor Alvarado cuando la causa estaba a su cargo, lo que tiñó de irregularidades la investigación; el haber manejado de mala manera los fondos de una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; y el haberle armado una causa extorsiva a un empresario rosarino.
En ese marco, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, le había dispuesto el 19 de mayo 90 días de prisión preventiva de forma domiciliaria, pero el imputado ostentaba fueros o inmunidades que lo hacían imposible de arrestar a menos que Magistratura apruebe su suspensión.
Sobre ese último punto, en las últimas semanas Bailaque enfrentaba un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura en el que tenía que defenderse de las acusaciones en su contra.
Así las cosas, presentó el martes 17 de junio su defensa por escrito por las denuncias ante la Comisión de Acusación de la Magistratura que fue abierta para ver si se avanzaba en su desafuero o juicio político. En el texto, negó los cargos por los que se lo señalaba.
De esa manera, el 19 de junio la mencionada comisión aprobó una iniciativa para removerlo y suspenderlo, para lo cual un plenario del Consejo de la Magistratura debía debatir la propuesta sobre su remoción, pero nunca se definió una fecha para su tratamiento.
