El gobierno de Benjamin Netanyahu rechazó este viernes el informe respaldado por Naciones Unidas que confirmó, por primera vez, la presencia de hambruna en la Franja de Gaza. “Israel no tiene como política provocar hambrunas, sino evitarlas”, señaló la oficina del primer ministro en un comunicado oficial, donde definió el reporte internacional como “una mentira descarada”.
De acuerdo con la postura israelí, desde que comenzó la guerra en octubre de 2023 se habilitó el ingreso de cerca de dos millones de toneladas de asistencia humanitaria, lo que (según su cálculo) equivaldría a una tonelada por habitante. No obstante, Tel Aviv argumentó que buena parte de esos suministros nunca llegó a destino porque fueron saqueados en el camino y responsabilizó a Hamás de desviar recursos para financiar su aparato militar. A modo de defensa, también destacó que el abastecimiento se garantizó mediante entregas aéreas, marítimas y corredores seguros administrados en parte por compañías estadounidenses.
El relato oficial contrasta con la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), conformada por agencias de la ONU y organizaciones internacionales. Su último relevamiento confirmó que en la Gobernación de Gaza ya hay condiciones de hambruna y que la situación se extiende a Deir al-Balah y Khan Younis.
El estudio alertó que más de medio millón de personas se encuentran en un estado crítico de inanición y proyectó que, hacia septiembre, unas 640.000 (casi un tercio de la población de esa región) podrían caer en el nivel más alto de inseguridad alimentaria, mientras que otros 1,14 millones enfrentarán un escenario de emergencia.
Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias de Gaza informaron que hasta el viernes habían muerto 273 personas a causa del hambre y la desnutrición, entre ellas 112 niños.
