El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Mur\u00faa, orden\u00f3 al gobierno nacional la \u00abinmediata y urgente reparaci\u00f3n integral\u00bb de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General L\u00f3pez, al sur de Santa Fe, para garantizar su \u00abtransitabilidad plena\u00bb y la seguridad de los usuarios. <\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n fue tomada al hacer lugar a una acci\u00f3n de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad.<\/p>\n\n\n\n
El caso m\u00e1s cr\u00edtico descripto en el fallo es el de la ruta 33, donde el juez document\u00f3 la existencia de grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos que representan un riesgo para quienes circulan por ella. <\/p>\n\n\n\n
El propio organismo nacional hab\u00eda reconocido el estado cr\u00edtico de esa v\u00eda: autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad hab\u00edan advertido que la ruta necesitaba intervenci\u00f3n urgente, y aunque se adjudic\u00f3 una licitaci\u00f3n para reparaciones, las obras quedaron paralizadas por falta de autorizaci\u00f3n de partidas presupuestarias.<\/p>\n\n\n\n
Respecto de la ruta 7, el magistrado consider\u00f3 que las tareas de bacheo realizadas fueron insuficientes y que no se acredit\u00f3 un mantenimiento sostenido en todo el tramo. En el caso de la ruta 8, se\u00f1al\u00f3 que la propia Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad hab\u00eda labrado 55 actas por incumplimientos contractuales de la concesionaria Corredores Viales S.A., sin que las deficiencias fueran corregidas de manera integral. El juez rechaz\u00f3 adem\u00e1s el argumento de la empresa de que sus obligaciones no inclu\u00edan tareas de repavimentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los puntos centrales del fallo es que la responsabilidad recae sobre el Estado nacional con independencia de los cambios en el sistema de concesiones viales. El magistrado sostuvo que la distribuci\u00f3n interna de competencias entre el Estado y las concesionarias no puede convertirse en un obst\u00e1culo para garantizar la seguridad de los usuarios. La orden judicial debe ser cumplida por la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad, por el organismo que eventualmente la reemplace o por las concesionarias correspondientes, pero la responsabilidad de garantizar su ejecuci\u00f3n es del gobierno nacional.<\/p>\n\n\n\n
En los fundamentos, Cuello Mur\u00faa consider\u00f3 que el deterioro de las rutas afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, la seguridad vial y la libre circulaci\u00f3n, y calific\u00f3 el mal estado de las calzadas como un hecho \u00abp\u00fablico y notorio\u00bb para quienes transitan habitualmente por esa regi\u00f3n del sur santafesino.<\/p>\n\n\n\n
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